La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona (Málaga), Isabel Conejo, encargada del caso contra la corrupción municipal en dicha localidad, ha decretó hoy prisión incondicional sin fianza para el ex edil del equipo de gobierno y actual concejal por el Partido Estepona (PES), José Ignacio Crespo. A Crespo, detenido en la madrugada del martes y primero en declarar hoy durante cerca de dos horas, se le imputan inicialmente los delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y blanqueo de capitales, según informaron a Europa Press fuentes judiciales. Por otro lado, la jueza ordenó también prisión incondicional sin fianza para el ingeniero, técnico del Área de Urbanismo, Javier Wittmeur, quien declaró durante unos 45 minutos, al que se le achacan indiciariamente los delitos de falsedad en documento público, fraude y malversación de caudales. Hasta los juzgados fueron trasladados también esta mañana Manuel Barroso y el arquitecto Arturo Cebrián. Para esta tarde, están previstas las declaraciones del ex gerente de Urbanismo, Pedro López, y de las concejalas de Playa, Marisa Rodríguez; Cultura, Asunción López; y Educación, Mariví López. Por otro lado, la instructora prevé dejar para mañana las comparecencias del alcalde, Antonio Barrientos; su jefe de Gabinete, José Flores; el concejal del PES Manuel Reina, el edil de Hacienda, Francisco Zamorano; y el abogado y miembro de la ejecutiva local del PSOE, Juan Simón, que llegó esta mañana detenido a los juzgados, aunque posteriormente fue trasladado de nuevo por la Policía. Desde que el martes por la tarde comenzaran las declaraciones de los detenidos en la denominada operación 'Astapa', la instructora decretó libertad provisional para todos los que pasaron a disposición judicial. De estos 13 arrestados --de un total de 26-- 10 quedaron en libertad bajo fianza, que tendrán que abonar en un plazo de tres días; y el resto, sin fianza, aunque todos con cargos. La fianza más alta por el momento, de 500.000 euros, fue la impuesta al ex consejero delegado de la sociedad Valle Romano Luis Fernando Linares, imputado por los delitos de fraude y malversación. Asimismo, para el presidente del Grupo Prasa, José Romero, al que se le imputan inicialmente delitos contra la administración pública, cohecho y blanqueo, se fijó una fianza de 300.000 euros, misma cantidad que al empresario Antonio Bazán por presunto fraude y malversación de caudales públicos. Los abogados Daniel Delgado y Armando Pérez --ambos imputados por tráfico de influencias, fraude y malversación-- y los empresarios Vicente y Félix Delgado --a los que se les achacan indiciariamente tráfico de influencias, cohecho y prevaricación urbanística--, quedaron en libertad pero con fianzas de 100.000 euros; mientras que el arquitecto Ignacio de la Hoz deberá abonar 50.000 euros. Se le imputan presuntamente delitos de fraude y malversación. Con una fianza de 30.000 euros están J.L.C.A y A.M.C., por delitos de cohecho y blanqueo; mientras que en libertad sin fianza pero con cargos se encuentran M.C.H. y el jefe del servicio jurídico, Andrés Flores, ambos por los mismos delitos anteriores; así como el empresario Enrique González Ceano, imputado por tráfico de influencia.
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